A un año de la tragedia donde murieron 40 personas en situación de movilidad, al interior de una estación del Instituto Nacional de Migración, organismos civiles realizaron diversas manifestaciones en ese sitio para recordar a las víctimas y exigir las respuestas sobre este suceso, pues hasta el momento no se ha hecho justicia.
En la malla perimetral de esas instalaciones del gobierno federal, los manifestantes colocaron mantas, veladoras y cruces en señal de protesta por la ausencia de justicia, además de la lista con los nombres de los fallecidos y los lesionados.
Por algunas horas, los ciudadanos hicieron presencia en el cruce de las calles David Herrera Jordán y Rivas Guillen, donde lanzaron consignas contra las autoridades y pidieron justicia para las 40 víctimas mortales de ese incendio.
Según reflexiones de diferentes actores políticos, el tema migratorio es una de las grandes tareas que deben atenderse, pues actualmente, los viajeros rechazan todo tipo de ayudas, sobre todo la de refugiarse en un albergue y prefieren acudir a la cuenca del Río Bravo para instalar algún campamento en espera de la clemencia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en la llamada puerta 36.
Así mismo, en acciones recientes, el gobierno del estado de Texas decidió extender la barrera de alambre de navajas, para tratar de inhibir el ingreso de los migrantes a suelo americano, pues hace unos días, las personas intentaron derribar esa protección.
En esa misma intención, legisladores federales anunciaron la creación de un fondo con aportaciones voluntarias y aportar al trato humanitario, pues quienes llegan al bordo del río, manifiestan hambre y frío, sin embargo, el problema que se presenta es como entregar esa ayuda, si las personas están del lado americano.
Tras la tragedia, se habla de varios aprendizajes, sin embargo, no existe una política migratoria ordenada en el país y diferentes sectores han lamentado que ahora los migrantes no invadan el ferrocarril para transportarse, sino que ahora lo hacen caminando en las carreteras, pues se trata de familias enteras en ese peregrinar.
Según el último corte, el Centro Integrador Leona Vicario y el albergue Kiki Romero, apenas registran en promedio entre un 20 y un 30 por ciento de su capacidad, además aún se mantiene una carpa habilitada como refugio, también con financiamiento federal, en la que los migrantes solo llegan de entrada por salida, pues piensan que llegando a la puerta 36 podrán conseguir su objetivo.
De acuerdo a lo registrado el miércoles, el 27 de marzo se suma a la larga lista de fechas que los juarenses organizados recordarán para seguir exigiendo al gobierno que solucione a tiempo cualquier problemática, pues en este caso, los errores humanos hace un año, dejaron como consecuencia 40 víctimas, que, dicho sea de paso, ni siquiera eran mexicanos.
